LA JUSTICIA LAXA: LAISSEZ PASSER.
Eduardo Urbina M.
Abogado. Integrante del Comité Ciudadano de Amplitud.
No se requiere ser ni sociólogo, ni analista social. Basta
con estar medianamente informado por la
prensa, para percibir que hoy hay en el país una tolerancia suave, laxa, e
indiferente frente a variadas conductas sociales absolutamente reprochables.
Vivimos en el país de todos
los derechos y de los mínimos deberes. Un país donde la presunción de
inocencia es prácticamente indestructible, aunque sea descubierto infraganti
cometiendo un delito; y donde la tolerancia y comprensión es total. El país
donde la irreprochable conducta anterior es dogma de santa impunidad.
Ya casi es ley científica el que a mayor gente involucrada o
participando, menores son las consecuencias, hagas lo que hagas. Sino que lo digan
los encapuchados, que pueden quemar autos, lanzar molotov, saquear pequeños
comercios, y casi matar a carabineros sin mayor consecuencia.
Otro ejemplo son los barristas deportivos, que por andar con
camisetas de algún club se sienten protegidos y validados para realizar
cualquier tropelía que va desde destruir buses y carros del metro, asaltando a
sus pasajeros, y saquear el comercio que
tuvo la mala suerte de no cerrar antes que ellos lleguen en patota.
Que decir de los conductores borrachos o drogados, que mutilan,
matan y hieren impunemente; y que aunque se fugan, sus crímenes no tienen
mayores consecuencias y sus acciones son calificadas solo como accidentes no
intencionales, por lo que sus penas son las menores posibles.
Si le sumamos los colectivos anarquistas que pueden poner bombas
con total impunidad; porque se estableció como dogma que la ley antiterrorista
está mal hecha; que el Ministerio Publico presenta pruebas ridículas; y que
todo es un montaje, aunque el imputado sea detenido infraganti.
A esta violencia urbana le debemos sumar la violencia rural del
Conflicto en la Araucanía por parte de colectivos extremistas, quienes hacen
gala de su armamento, desarrollan actividad claramente guerrillera, y no dudan
en usar dichas armas de fuego y violencia en contra de parceleros, Carabineros
y hasta Fiscales del Ministerio Publico.
Advierto que en este último caso, separo la causa del pueblo
mapuche, de los actos de los grupos extremistas violentos, aunque estos se justifiquen
en la causa indígena su actividad violentista.
Las causas de esta creciente impunidad y laxitud legal pueden
estar en la ideológica formación garantista de los Jueces de Garantía; o la
mirada condescendiente de una parte de la clase política, que con tal de hacer
oposición al respectivo Gobierno han apoyado todo lo que pueda sumar a sus
causas; o en una solidaridad con argumentaciones antropológicas basadas en toda
suerte de resentimientos, frustraciones, o carencias económicas, morales, y
sociales.
Lo concreto que hoy estos grupos de flaites, lumpen, extremistas,
y desadaptados sociales, gozan de una impunidad muy amplia, y sus derechos
deben ser estrictamente respetados, aunque ellos no respeten ninguno.
Por eso cabe preguntarse: Es razonable que hoy se requiera una Ley
Emilia, una Ley Antiencapuchados; una nueva Ley antiterrorista; y, una perfección
a la Ley de Estadio Seguro, porque todas las normas hoy existentes no son
suficientes para contener toda la violencia y accionar de toda esta manga de
antisociales? Es razonable que no haya sanciones por agredir a la policía, o
que la Ley de Control de Armas sea un recuerdo anacrónico?
Es que nos faltan leyes o estas están mal hechas? Es que no se
disponen de las pruebas suficientes y hay una falla del Ministerio Publico? Es
que los hechos son de gravedad menor? O es que nos faltan jueces con convicción
de la responsabilidad social, que el Estado les ha entregado? O nos sobran
políticos, que confundiendo su actividad, solo son agitadores?
Por eso el país se asombra y se admira cuando en España procesan a
los dos extremistas anarquistas; o cuando en Brasil detienen a los que
falsificaron credenciales o expulsan a los que en horda invadieron el estadio
Maracana; o cuando en Perú se mete a la cárcel a dos grafiteros que rayan un
muro de un monumento nacional o a quienes orinan ante un monumento a un héroe
nacional. En Chile nada de eso habría sido sancionado.
Es verdad que tenemos llenas las cárceles,
pero de micro traficantes, o de infractores a la ley de propiedad intelectual
(lease los que venden películas pirateadas); pero los que deberían estar un
buen tiempo adentro no pasan del calabozo del Centro de Justicia o del
respectivo tribunal, si es que ahí llegaron.
Es momento de terminar con esta laxitud, tolerancia y
contemplación con estas mangas de desadaptados sociales, pero por sobre todo se
debe ser estricto con quienes no ejercen sus deberes, o son contemplativos o
les dan cobertura política.
La ley no es solo su letra, sino también su espíritu, su
interpretación, y por sobre todo su finalidad que es cautelar el orden social,
y la protección de los valores, principios y ciudadanía. La impunidad, la
desidia y la contemplación solo incuban más desadaptados que aprovechen la
tolerancia.
Es la hora de exigir el cumplimiento de las leyes y deberes
sociales, y que quienes la hacen, la paguen.
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